COMUNICADO DE PRENSA: MAREA DE RESIDENCIAS

La trampa del nuevo Acuerdo Marco en Madrid: Desahucios institucionales, traslados forzosos y el chantaje del "Cheque Residencia"

Madrid — Ante la inminente entrada en vigor el próximo 1 de julio del nuevo Acuerdo Marco 2026 de plazas concertadas de la Comunidad de Madrid, Marea de Residencias levanta la voz de alarma ante lo que califica como un "desahucio institucional” que se produce cada cuatro años amenazando la estabilidad física y emocional de cientos de personas en situación de dependencia.

Para quienes superan ese calvario de esperas y logran una plaza concertada, el nuevo escenario del 1 de julio les depara otra trampa. Las empresas que gestionan las residencias privadas se descuelgan del nuevo Acuerdo Marco al no encontrarlo lucrativo, eliminando cientos de plazas concertadas de financiación total. La administración ofrece entonces un falso dilema: aceptar un traslado forzoso a un centro lejano y desconocido o renunciar a la plaza pública a cambio del "Cheque Residencia" (Prestación Económica Vinculada al Servicio). Este cheque obliga a las familias a cofinanciar la diferencia comercial del centro privado con sus propios ahorros si desean evitar un desarraigo fatal.

Detrás de la propaganda oficial del Gobierno regional sobre el incremento presupuestario por plaza, se esconde la realidad de un modelo mercantilizado. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha estructurado un concurso público que permite que multinacionales y fondos de inversión decidan unilateralmente dejar de prestar el servicio si no les resulta lo suficientemente rentable. Esto provoca la supresión fulminante de plazas de financiación total (públicas concertadas) en múltiples centros que rechazan acogerse al nuevo pliego bajo las tarifas o ratios fijados.

Centros afectados y el impacto del "limbo" residencial

La opacidad deliberada de la Administración madrileña impide dar una cifra exacta global definitiva en este momento preciso de la transición, pero la experiencia acumulada de pliegos anteriores demuestra que este modelo de licitaciones puramente comerciales pone en riesgo directo de traslado inmediato a más de 600 grandes dependientes de golpe en cada renegociación contractual. Entre las instalaciones golpeadas por las bajas y descuelgues del concierto se encuentran residencias pertenecientes a grandes grupos privados repartidas por municipios clave de la comunidad.

Para los residentes cuyas plazas se suprimen formalmente, la Consejería activa una maquinaria que plantea un falso dilema administrativo:

1. El traslado forzoso: Ser desarraigados de su entorno asistencial, de sus cuidadores de referencia y de sus compañeros, para ser obligados a rellenar en un plazo de pocos días una lista de preferencias hacia otros centros privados vacantes dispersos por la geografía madrileña.
2. Renunciar a la plaza pública: Perder la condición de plaza concertada total con la administración, asumiendo que el Estado se desentiende de su tutela directa de cuidado integral.

El chantaje del "Cheque Residencia" (Prestación Económica Vinculada al Servicio)

Marea de Residencias denuncia enérgicamente que la Administración utiliza la figura del Cheque Residencia (PEVS) no como una ayuda, sino como una herramienta de coacción y privatización encubierta.

Para aquellas familias que, por motivos de salud extrema o arraigo psicológico de su familiar, se niegan a un traslado traumático, la única alternativa legal para que la persona afectada permanezca en su misma residencia es aceptar este cheque. Al hacerlo, el residente pierde la plaza pública y pasa a ser un cliente privado de la empresa. Como el importe de la ayuda económica autonómica no cubre el coste real de la tarifa comercial de la residencia privada, las familias se ven obligadas a cofinanciar de su propio bolsillo la diferencia de precio, enriqueciendo directamente al negocio geriátrico a costa de su patrimonio.

Denuncia de impunidad: Marea de Residencias denuncia que el nuevo pliego premia con dinero público y nuevas plazas concertadas a centros sancionados o bajo investigación por vulneración de derechos de una residente, como BOUCO Carabanchel.

Es intolerable que la vejez y la dependencia se traten como mercancías de saldo donde las empresas entran y salen de los convenios según sus márgenes de beneficio, Exigimos la paralización de este sistema de parches concertados y la creación prioritaria de una red de residencias de gestión 100% pública, blindada y centrada en los derechos humanos.

¡La salud no se negocia, las personas mayores no son mercancía!

Contacto de Prensa:
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