Comunicado sobre el anuncio del aumento de financiación a la dependencia
Marea de Residencias valora de forma positiva esta inyección histórica aprobada por el Gobierno de España. Es un gran paso en el intento de equipararnos en inversión a otros países de nuestro entorno y revertir los recortes acumulados por el anterior gobierno central en 2012.
Exigimos que haya una fiscalización exhaustiva de estos fondos: el dinero público debe ir destinado de forma íntegra e inequívoca a poner los derechos de los residentes y trabajadoras por encima de los intereses de las empresas que operan en el sector. 
Exigimos un control férreo y la evaluación periódica de resultados para evitar que estos fondos estatales terminen engrosando los beneficios de las grandes corporaciones sanitarias como Quirón y/o a las empresas y fondos de inversión que gestionan plazas concertadas en residencias.
El incremento presupuestario debe ir prioritariamente a aumentar el parque de plazas públicas de gestión directa en residencias de titularidad pública. A la transformación del modelo residencial que se dirija hacia una atención humana, con calidad verificable, centrada de verdad en cada persona y no en primar los negocios, garantizando la transparencia absoluta; obligando al aumento de personal y salarios que dignifiquen la profesión, a información pública exacta de todas las residencias en cuanto al personal de presencia por categoría y turno; el arraigo de los mayores con plazas vitalicias, sin el abuso de la intencionada rotación continuada de las trabajadoras; en definitiva, el respeto a los derechos fundamentales de las personas cuidadoras y las dependientes con el fin primordial de su bienestar.
Por último, esta inyección estatal deberá incidir en la corrección del profundo desequilibrio que sufren las familias dependiendo del código postal en el que vivan. Actualmente existe una brecha inaceptable en la financiación: mientras algunas comunidades autónomas asumen con fondos propios hasta el 84% del gasto total en dependencia, otras apenas aportan el 61% o menos. El incremento de los fondos estatales debe obligar a una corresponsabilidad real de todas las autonomías para garantizar que un ciudadano tenga exactamente el mínimo igual exigido de derechos, de proporción y cualificación de personal y de calidad asistencial viva donde viva.